Un país dividido no se gobierna

Por: Silvana Pareja

El Perú vuelve a transitar por uno de esos momentos decisivos donde la incertidumbre política no solo gira en torno a quién podría llegar al poder, sino al costo social que dejará el camino hacia esa elección. Cuando un país se fragmenta electoralmente casi por mitades, el verdadero problema no empieza después de conocer al ganador; comienza mucho antes, cuando la política decide si construirá puentes o cavará trincheras.

Y hoy, lamentablemente, pareciera que dividir al país se ha convertido en una estrategia políticamente rentable.

En medio de esta nueva disputa electoral, resurgen narrativas que presentan al Perú como un territorio inevitablemente enfrentado: ricos contra pobres, Lima contra regiones, empresa privada contra trabajadores, ciudadanos “privilegiados” frente a ciudadanos “olvidados”. Como si el progreso nacional solo pudiera surgir del conflicto permanente entre peruanos.

Reconocer desigualdades históricas es indispensable. Negarlas sería irresponsable. El Perú arrastra profundas brechas territoriales, económicas y sociales que durante décadas no han sido resueltas. Existen millones de ciudadanos atrapados en la informalidad, sin acceso adecuado a salud, educación de calidad, empleo digno o servicios básicos. En muchas zonas del país, el Estado llega tarde o, simplemente, no llega.

Ese abandono ha generado frustración, indignación y una profunda desconfianza hacia instituciones que demasiadas veces prometieron soluciones sin cumplirlas.

Sin embargo, existe una diferencia fundamental entre reconocer el malestar social y convertirlo en combustible político.

La historia demuestra que cuando la política necesita fabricar enemigos para sostenerse, la democracia comienza a deteriorarse. El problema no radica en debatir sobre desigualdad o justicia social —debates absolutamente necesarios—, sino en transformar al adversario político en una amenaza existencial, en alguien a quien ya no se busca convencer, sino destruir.

Es ahí donde aparece el mayor riesgo: cuando se persuade al ciudadano de que sus problemas no son producto de instituciones débiles, corrupción o incapacidad estatal, sino culpa de “otro peruano”. El empresario contra el emprendedor informal. La capital contra las regiones. El trabajador contra quien genera empleo. Una polarización que simplifica realidades complejas y posterga las verdaderas urgencias nacionales.

Mientras el enfrentamiento político crece, el país continúa esperando respuestas a los mismos problemas de siempre: inseguridad ciudadana, corrupción, precariedad laboral, crisis educativa y un sistema de salud que sigue sin responder a las necesidades más básicas de millones de personas.

Pero hablar de unidad tampoco puede convertirse en una consigna vacía. Reconciliar al país no significa relativizar riesgos políticos ni asumir que cualquier alianza es positiva únicamente por oponerse a un adversario. El Perú tampoco puede darse el lujo de respaldar pactos improvisados entre sectores sin capacidad técnica, sin estabilidad y sin una agenda clara para enfrentar los desafíos estructurales del país.

Porque un país dividido no necesita más confrontación, pero tampoco aventuras políticas construidas sobre la improvisación o el resentimiento.

El ciudadano puede sentirse decepcionado —y con razón— de una clase política que ha fallado demasiadas veces. Sin embargo, el voto no debería convertirse únicamente en un acto de protesta, sino en una decisión consciente sobre el futuro colectivo.

En un contexto donde la polarización parece ofrecer rentabilidad electoral inmediata, la pregunta resulta inevitable: ¿estamos dispuestos a exigir una política capaz de construir sobre nuestras diferencias o permitiremos que la aritmética del odio siga siendo el camino más rápido para conquistar el poder, aunque el precio sea perder la nación?