Nuestra legislación señala que los partidos políticos son asociaciones de ciudadanos que constituyen personas jurídicas de derecho privado que expresan el pluralismo democrático. De manera congruente con tal concepto, reconoce que los partidos políticos concurren a la formación y manifestación de la voluntad popular y a los procesos electorales, siendo por tanto instituciones fundamentales que permiten la participación política de la ciudadanía haciendo posible su acceso a cargos de elección popular, son por tanto la base del sistema democrático.
Sin embargo debemos admitir que ni su finalidad ni naturaleza los eximen de la posibilidad que en determinados contextos puedan ser creados o utilizados por organizaciones criminales o para fines criminales.
En tal sentido, recordemos que el ex presidente de la Corte Suprema, Víctor Prado Saldarriaga, explicaba refiriéndose al lavado de activos, que “… es un delito típicamente de personas jurídicas y la experiencia nos muestra la posibilidad de influenciar a organizaciones que pueden ser organizaciones políticas”, agregando que “La experiencia internacional muestra que la criminalidad organizada es una criminalidad de personas jurídicas fundamentalmente y cualquier persona jurídica tenga la estructura que tenga, los fines que tenga, puede ser infiltrada y convertirse en una cobertura o un instrumento para la realización de la criminalización organizada”.
Dicho esto, debemos tomar en cuenta que las declaraciones expuestas se engarzan perfectamente en la coyuntura política y pueden ayudarnos a explicarla. Así tenemos sobre el particular, que el fiscal José Domingo Pérez en el caso “Cocteles” sostuvo como parte del requerimiento de prisión preventiva contra la lideresa de Fuerza Popular, que para camuflar aportes de campaña al interior de dicho partido, se había creado una organización criminal con estamentos delictivos. Nótese que el fiscal se cuidó de afirmar que el Partido Político sea una organización criminal, pero dejó en evidencia la posibilidad que ello si ocurra al interior de este sin que haya sido conocido por la mayoría de los integrantes del colectivo político.
Bastante más allá llegó el fiscal Germán Juárez Atoche, miembro del equipo especial Lava Jato, quien ha presentado acusación contra el ex presidente Ollanta Humala y su esposa Nadine Heredia, máximos líderes del Partido Nacionalista Peruano, sindicándolos como presuntos cabecillas de una organización criminal dedica al lavado de activos quienes habrían recibido aportes ilícitos en las campañas electorales de los años 2006 y 2011, requiriendo la disolución del partido político categorizándolo como una organización criminal.
Nótese que a diferencia del caso de Fuerza Popular, el Ministerio Público respecto del Partido Nacionalista no ha tenido reparo alguno en afirmar que éste es una organización criminal.
Dejando en claro que los dos partidos mencionados no son los únicos inmersos en investigaciones, hace algunos días la bancada del Partido Aprista Peruano, tampoco exento de las investigaciones fiscales, presentó un proyecto de ley a través del cual proponía que los partidos políticos no puedan ser considerados organizaciones criminales; en consonancia con ello, desde la sede congresal las bancadas de Fuerza Popular, Peruanos por el Kambio, Cambio 21, Concertación Parlamentaria y Apra firmaron un documento que lleva por título "No criminalicemos la política", a través del cual manifestaron su preocupación y rechazo contundente por el pedido fiscal de disolución del Partido Nacionalista.
Sobre lo dicho expongo dos ideas breves y puntuales.
Primero. Resulta cuando menos poco articulado, por decir algo, argumentar e imponer por la vía legislativa la exoneración penal a un colectivo ciudadano como es un partido político en atención a su naturaleza. Si una organización política o sus directivos cometen ilícitos penales, deben asumir las consecuencias legales, la responsabilidad es tanto personal como del colectivo. Sostener lo contrario no es otra cosa que blindaje. El tema sin duda pasará por la dificultad de la probanza, pero no puede ser esto impedimento para su aplicación.
Segundo. Soy de la opinión que no se está criminalizando a la política, sino que se está persiguiendo a políticos criminales. Aunque suene a un juego de palabras, tenemos políticos presos lo que no es igual a presos políticos.
Dejo abierto el debate.
