Financiamiento partidario

La discusión sobre los aportes a las campañas electorales ha resucitado gracias a las declaraciones de Jorge Barata, en donde afirma haber otorgado montos importantes a diversas candidaturas.

La respuesta natural de quienes han diseñado nuestros sistemas electorales los últimos 18 años ha sido la usual: impedir la participación de empresas y fortalecer el financiamiento estatal.

Consideran que las condiciones de igualdad, las debe proporcionar una mayor intervención del Estado, generando un equilibrio entre todos los participantes. Pero nuevamente se equivocan.

La Constitución del 93, a diferencia de su predecesora de 1979, ha tratado de permitir que sea la libertad económica la que regule la actividad empresarial. Es por ello que, a pesar de las dificultades de carácter político, nuestra economía no ha sido afectada en las proporciones que lo sería de tener un Estado que resuelve todo. Se ha visto afectado ahí donde el aparato estatal tiene preponderancia e injerencia: en las obras de infraestructura.

Sin embargo, hay quienes consideran que se debe establecer más normas, más limitaciones para el financiamiento de los partidos políticos, sin darse cuenta que a mayor regulación no se ha evitado que las empresas participen del financiamiento partidario, sino por el contrario lo único que se ha logrado es que las empresas y los empresarios encuentren las formas de evadir la ley para seguir participando.

Es evidente que algunas de las prohibiciones que existen en nuestra Constitución, como el financiamiento de gobiernos extranjeros debe ser ampliada. Ningún dinero extranjero debe participar de campañas electorales, ya sea provenga de partidos, gobiernos o empresas.

Y por el contrario, todo dinero de fuente nacional debe ser permitido, sin límites de montos, pero con total transparencia, debiendo ser bancarizados y reportados a los organismos electorales.

¿Han impedido las normas actuales que Cesar Acuña financie la campaña de su partido? No lo han podido evitar, con regulaciones y todo. Como tampoco impidieron las regulaciones que Ollanta Humala recibiera financiamiento del gobierno venezolano, o del gobiernista Partido de los Trabajadores, cuando no de empresas brasileñas.

El financiamiento partidario debe estar enmarcado dentro de lo que establece la Constitución respecto a la vida económica del país. A más prohibiciones, más salidas ilegales. Hay que transparentar la vida económica de los partidos, en consonancia con nuestra Constitución. Más estatismo solo traerá más corrupción.