A 25 años de los crímenes de Tarata y Cantuta

• Rafael Rodríguez Campos

El 16 de julio de 1992, la calle Tarata en Miraflores fue el lugar elegido por el movimiento terrorista Sendero Luminoso (SL) para cometer uno de sus más sangrientos atentados. La explosión de dos coches bomba hizo estallar los vidrios de los edificios ubicados en la referida calle. El saldo final de este crimen fue de 25 personas asesinadas, 155 heridas y 183 viviendas dañadas. Esta fue la primera vez que el terror tocó fuertemente las puertas de nuestra capital.

Los olvidados

SL, hasta ese entonces, había concentrado sus acciones terroristas en el interior del país. La sierra central fue la región en donde estos criminales operaban con mayor brutalidad. Explosiones, torres de alta tensión derribadas, asesinatos selectivos, juicios populares, secuestros de niños y arrasamientos eran las prácticas que la mente homicida de Abimael Guzmán imaginó para alcanzar el poder. La población más afectada, como siempre en nuestra historia, fue la más pobre y humilde del país, las zonas embanderadas con la hoz y el martillo, con paredes llenas de pintas, lemas y vivas al Presidente Gonzalo, fueron aquellas a las cuales el Estado jamás había llegado. En otras palabras, la violencia de SL se desató en los lugares que habían sido históricamente olvidados por el Perú oficial.

Del campo a la ciudad

Tarata representó el inicio de una nueva etapa en la guerra contra la subversión. Para SL había llegado la hora de tomar la ciudad por asalto y cumplir con la prédica maoísta bajo la cual la lucha popular debe darse del campo a la ciudad. La consigna era clara: la capital y sus residentes debían sentir terror y reconocer el verdadero poder de fuego de estos asesinos. En un instante el país cambió, el terrorismo dejó de ser un problema ajeno para los capitalinos, y pasó a convertirse en la preocupación mayor de todos los peruanos. SL tocaba la puerta de la gran ciudad y lo hacía con el fusil y la dinamita en sus manos dando a conocer, por primera vez, el verdadero rostro del horror.

SL, con este atentado, demostró que su violencia no tenía límites, que no importaba si sus acciones terminaban arrebatándole la vida a población civil inocente. Para Abimael Guzmán, esa bestia criminal que convirtió al socialismo de Mariátegui en un pretexto para la muerte de mujeres y niños, y al marxismo científico en la envoltura del odio y la dinamita, los muertos inocentes no eran otra cosa que “costos de guerra”, la llamada “cuota de sangre” que todo pueblo revolucionario debía pagar para alcanzar la ansiada redención.

Los crímenes de Estado

Pero si el horror de SL en Tarata sorprendió a todo el país y escandalizó a toda la comunidad internacional, lo que vino después, como respuesta estatal, no fue otra cosa que una serie de operativos encubiertos en donde la barbarie se institucionalizaba y el terrorismo de Estado se convertía en parte de la estrategia para combatir la subversión, y así restablecer el orden que SL había roto.

La conmoción fue tan grande, y el miedo que la sangre derramada generaba fue tan profundo, que al final importantes sectores de la sociedad y varios medios de comunicación terminaron por justificar la violación de derechos humanos bajo la idea de que todo “presunto terrorista” merecía morir y que para ello las fuerzas militares y policiales debían apretar el gatillo sin piedad. Así, el respeto por la presunción de inocencia empezó a ser visto en nuestro país como sinónimo de cobardía o debilidad, y los juicios a estos criminales no eran sino una pérdida de tiempo. Había que matar, caiga quien caiga. Primero, las fuerzas del orden debían liquidar al sospechoso, para luego recién investigar si el caído era o no senderista. El mundo al revés, como en una película de horror.

Secuestro, asesinato y desaparición de inocentes

Fue en ese escenario, que en la madrugada del 18 de julio de 1992, dos días después del espanto en Tarata, integrantes del Grupo Colina, con el conocimiento del asesor de gobierno, Vladimiro Montesinos y del ex presidente, Alberto Fujimori, ingresaron a la Universidad Enrique Guzmán y Valle (La Cantuta) y secuestraron a nueve estudiantes y un profesor de dicho centro de estudios.

El mensaje era claro, el Estado utilizaría el mismo terror cainita como respuesta a la violencia desatada por SL en Tarata. Los estudiantes secuestrados fueron conducidos con los ojos vendados a un terreno desolado a la altura del kilómetro 1,5 de la autopista Ramiro Prialé, allí fueron torturados y ejecutados por estos militares. Si el dolor de las víctimas de Tarata era conmovedor, no menos estremecedor fue conocer las circunstancias y la manera cómo estos jóvenes universitarios fueron ultimados por los agentes del Estado a los que posteriormente el Gobierno dictatorial de Alberto Fujimori felicitó, para luego ayudarlos (a través de la promulgación de la Ley de Amnistía) a eludir la acción de la justicia, a pesar de las numerosas denuncias y pruebas incriminatorias existentes en su contra.

Hoy en día se sabe que luego de ser asesinados a mansalva, los cadáveres de estos estudiantes y del profesor fueron enterrados en zanjas que ellos mismos fueron obligados a cavar, para luego ser llevados a otro lugar en Lima, la quebrada de Chavilca en Cieneguilla, donde fueron finalmente incinerados para no dejar huella alguna de este brutal crimen. Las personas ultimadas ese 18 de julio de 1992 fueron: Hugo Muñoz (el profesor), Armando Amaro, Enrique Ortiz, Pablo Meza, Bertila Lozano, Dora Oyague, Robert Teodoro, Felipe Flores, Marcelino Rosales y Juan Mariños.

Las heridas abiertas

Han transcurrido más de dos décadas desde que estos terribles sucesos ocurrieron, sin embargo, los fantasmas de SL no han desaparecido y tampoco las heridas abiertas por los crímenes cometidos por agentes del Estado han logrado cicatrizar. A pesar de los esfuerzos hechos por los gobiernos que se han sucedido luego de la caída de la dictadura fujimorista, tales como la conformación de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (el más importante de todos ellos), la sociedad peruana no ha podido todavía hacer un adecuado balance de los hechos. Los peruanos no hemos sido capaces de reconstruir nuestra memoria histórica para afrontar con éxito los peligros y la violencia que ahora azota a nuestro país.

Memoria para hacer justicia

Finalmente, es preciso señalar que los peruanos debemos condenar con total contundencia la violencia terrorista de SL (hoy defendida por el MOVADEF), venga de donde venga, no podemos ser ambiguos en esa tarea, los peruanos tenemos el deber moral de explicarle a nuestra juventud que Abimael Guzmán no fue otra cosa que un infame asesino, una bestia criminal que le arrebató la vida a miles de peruanos desde sus cómodos escondite. Pero al mismo tiempo, debemos ser igualmente categóricos a la hora de condenar todos y cada uno de los crímenes de Estado que se cometieron con el pretexto de pacificar nuestro país y derrotar a la subversión. Esa es la tarea pendiente que nosotros tenemos como sociedad y que no podemos eludir.

• Abogado PUCP. Post Grado y estudios de Maestría en Ciencia Política y Gobierno (PUCP). Candidato a Máster en Derecho Constitucional en la Universidad Castilla de la Mancha (Toledo-España). Profesor de Ciencia Política e Historia de las Ideas Políticas en la Facultad de Derecho de la Universidad San Martín de Porres.